La Unión Europea impuso en 2014 una multa de 1060 millones de euros a Intel por competencia desleal, asumiendo que había ofrecido descuentos ilegales a sus compradores para evitar que optaran por los procesadores de AMD desde 2002 hasta 2006. Sin embargo, la extrema lentitud de la justicia de la Unión Euoprea hizo que ocho años después, en 2022, el Tribunal General de la UE estimara el recurso de Intel y dictaminara que la Comisión Europea no había probado lo suficiente el supuesto impacto en el consumidor de esos descuentos.
Aun así, la UE volvió a establecer una multa de 376 M€ a Intel eliminando la parte del impacto en los consumidores de acuerdo con lo establecido en la resolución judicial y dejando solo la parte de subvenciones ilegales, por lo que Intel pidió intereses sobre el dinero pagado inicialmente. Tres años después, Intel va a recibir 515 M€ de intereses, dando por finalizada la batalla legal que data de 2009. Dieciséis años para terminar de ver un caso no es una justicia precisamente rápida. Así que la UE termina con un roto de 139 M€ de todo este asunto.